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domingo, 14 de junio de 2015

Limpian a Funcionarios del Banco de la Nación de Robo de S/.7 Millones


Hola a todos y todas. Les recomiendo este post. No solo ocurrió la sustracción de 1 millón 80 mil soles por parte del cajero aprista. En 2011 se produjo el robo de siete millones de soles, pero la denuncia quedó en nada, pese a que informe de la OCI identificó a responsables. Banco fue copado por ‘compañeros’ cuatro meses antes de dejar el poder

El Banco de la Nación (BN) ha concitado la atención mediática por el robo de 1 millón 80 mil soles perpetrado por el cajero aprista Víctor Raúl Ríos Díaz a beneficiarios de los programas Pensión 65 y Juntos de Cajamarca. Sin embargo, pocos se acuerdan de que en agosto y setiembre de 2011 se produjo el robo de siete millones de soles de cajeros automáticos del BN mediante el uso de tarjetas Visa.

Hasta ahora los ocho funcionarios implicados en el robo a los cajeros no han sido denunciados penalmente ante las autoridades competentes, pese a que han sido plenamente identificados según el informe N°007-2012-2-0010 de la Oficina de Control Interno (OCI) del Banco de la Nación.

En dicho documento se establece la responsabilidad penal de estos ocho funcionarios implicados: Susana Romo Astete, Laura Vergaray Duclos, Mercedes Balta Gavino, Susana Monge Soriano, Henry Paredes Ojeda, Rosario Armas Toro, Ana María Li Manrique y Marco Antonio Sayas Segura.

“De acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que anteceden, en la presunta responsabilidad penal por el perjuicio ocasionado al Estado, resultan implicados los funcionarios que con su actitud fueron partícipes de los hechos expresados en el presente informe”, indica literalmente el documento en el punto IV, titulado “Identificación de partícipes en los hechos”.

Lo extraño de todo es que el jefe de la OCI, el contador Eduardo Bautista Izquierdo, no hizo la denuncia penal de oficio respectiva ante el Ministerio Público y tampoco intervino el procurador del banco.

Bautista se zurró en el Manual de Organización y Funciones de la OCI del BN, que en el punto 2, inciso h, referido a la “Misión y funciones generales del órgano de control institucional”, indica que debió de “actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al titular del Banco, para que se adopten las medidas correctivas pertinentes”.

Lo que hizo el jefe de la OCI es enviar su informe a la Contraloría General de la República, que, en lugar de ahondar en las investigaciones y confirmar las conclusiones del informe, reformuló este documento y determinó que  los mencionados funcionarios solo cometieron faltas administrativas, por lo que siguen laborando en el BN, exceptuando a Susana Romo Astete, quien no era nombrada, sino solo contratada.

Lo único cierto es que el robo de más de siete millones de soles de cajeros automáticos del BN mediante el uso de tarjetas Visa, perpetrado entre agosto y setiembre de 2011, no se ha resuelto hasta el momento. Hasta ahora no se sabe quiénes fueron los responsables y nadie ha sido denunciado penalmente.

COPAMIENTO APRISTA

Lo curioso es que estos robos se produjeron en una institución que en su momento concitó la atención mediática por el cuestionado nombramiento de 649 trabajadores, entre militantes apristas y recomendados, justo faltando cuatro meses para que la administración aprista deje el poder.

Pero el copamiento empezó en el año 2006, cuando se produjeron cientos de contrataciones de militantes apristas en el BN, que concitó la atención de la prensa por la forma tan descarada en que se realizaron. El entonces gerente del departamento de Asesoría Jurídica, Rodrigo Zapata, explicó que las contrataciones se dieron en cumplimiento de la dichosa Ley Nº27803, que inició un proceso de reubicación de 120 mil despedidos durante el periodo 1990-2000.

Uno de los trabajadores apristas reincorporados en esa fecha fue Gilda Iris Goicochea Samanez, quien fue cesada el 30 de junio de 1994 del BN. La aprista se desempeñaba entonces como gerente de Auditoría Interna y había laborado en el banco de todos los peruanos desde inicios del primer gobierno de García (1985-1990).

Con la vuelta de García al poder, el entonces presidente del directorio Enrique Cornejo reincorporó en setiembre de 2006 a Gilda Goicochea al amparo de la Ley Nº27803 (hecha ex profeso para los apristas cesados en el régimen fujimorista), pese a que ella había cobrado incentivos para dejar el cargo en la época del gobierno fujimorista.

Gilda Goicochea fue nombrada gerente de la Oficina Recursos Humanos, pero fue investigada por su reingreso al BN por el mencionado cobro de incentivos. La encargada de dicho proceso fue la auditora Fiorella Raquel Rospigliosi Torres, quien no le encontró responsabilidad y coincidentemente fue una de los 649 trabajadores premiados con el nombramiento de marzo de 2011.

COMO EN LOS 80

Fuentes del Banco de la Nación indicaron que lo más escandaloso de la gestión de Gilda Goicochea fue este nombramiento de los 649 trabajadores, entre militantes apristas y allegados al partido de la estrella, que además incrementó en un 20% las planillas del BN, que llegaron a los 4005 trabajadores en marzo 2011 con el consiguiente perjuicio para el erario nacional.

Para este fin Gilda Goicochea contrató a la compañía Manpower por 212 mil soles. Pero la postulación y evaluación fue por internet, no hubo entrevista personal y tampoco pruebas escritas.

En este nombramiento resultaron beneficiados cerca de 100 militantes del APRA y más de 500 servidores recomendados, muchos de ellos sin acreditación académica bancaria. Entre los apristas que fueron nombrados destacaba nada menos que Gino Larrauri Cunza, hijo de la secretaria personal del entonces todopoderoso presidente Alan García, Mirtha Cunza.

Asimismo, resultaron premiados parientes de conspicuos personajes del alanismo, como Cristhian Cornejo Portella, familiar de Enrique Cornejo, así como Roxana Rosales Yucra, sobrina de la exparlamentaria Nidia Vílchez Yucra. También Carlos Huertas, hermano del congresista aprista Aníbal Huertas, y Renzo Negreiros, sobrino del también parlamentario aprista Luis Negreiros.

A la lista dorada también ingresaron el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, y el presidente de la misma central sindical aprista, Benigno Chirinos Sotelo. También se abrocharon Omar Sarmiento Salcedo y Carlos Castro Patazca, familiar y chofer, respectivamente, de la gerente Gilda Goicochea.


CONTRALORÍA NO FUNCIONA

Con el cambio de gobierno en el año 2011, una luz pareció avizorarse en el camino del BN cuando el contralor de la República, Fuad Khoury, designó el 28 de setiembre de ese año como nuevo jefe de la Oficina de Control Interno (OCI) de esta entidad al contador Eduardo Bautista Izquierdo.

El flamante contralor del Banco de la Nación se demoró dos años en realizar las investigaciones sobre el nombramiento de los apristas y al final elaboró un informe donde no estableció ningún tipo de responsabilidad, hasta el punto que Gilda Goicochea pudo laborar sin problemas como directivo del BN hasta principios del año pasado. (Por Llamil Vásquez).


Por ahora es todo. Soy el Dr. Azul en Tarata 21...

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