El vehículo Ford modelo Rey de placa AK-5168 del año 1981, siniestrado, pese a que no funciona sigue siendo un dolor de cabeza para el congresista Jorge “Nabo” Castro Bravo, quien ahora es acusado de falsificar una firma para regularizar la transferencia de compra venta de este carro que en marzo de 2016 casi lo saca de la carrera electoral al Congreso.
Después de un poco más de un año, este auto lo lleva a ser denunciado por el ciudadano Alfredo Chamorro ante el Ministerio Público indicando que este bien no fue declarado como parte de sus bienes ante el Jurado Nacional de Eleccines (JNE).
El dirigente de la Asociación de Vivienda Los Chaskis, Alfredo Chamorro, señaló que el documento de transferencia de compra venta vehicular suscrito el 22 de agosto del 2008 entre el vendedor Jorge Andrés Castro Bravo y la compradora Susana Castro Ticona, tiene la firma falsificada del abogado Ramiro Ibarra Sosa, cuyo sello figura como juez del Juzgado de Paz del Centro Poblado Vigil.
Dicho documento señala que la unidad vehicular con placa de rodaje N° AK-5168 color amarillo Ecuador, número de serie LB8JZC11161 es transferido por Castro a favor de la compradora Castro Ticona, quien en contraprestación entrega la suma de mil soles.
Se añade que desde esa fecha la compradora toma posesión de la unidad con la entrega de documentos y juego de llaves de dicho vehículo, y que ambas partes se comprometen a suscribir la escritura pública ante el Notario Público.
Chamorro consiguió la original y la copia de dicha transferencia, y acudió al Estudio Jurídico Criminalístico del Mgr. Juan Noa Torres, perito grafotécnico dactiloscópico para que haga un análisis y estudio de la firma, entregando un informe pericial que concluye que la firma no la hizo Ibarra Sosa.
Según las conclusiones del informe, la suscripción atribuida a Ibarra Sosa que aparece trazada sobre los espacios gráficos a manera de post firma, presenta disimilitudes gráficas morfo estructurales intrinsecas en comparación con la original, por lo tanto no proviene del puño gráfico del titular.
“Es decir, no proviene de Ramiro Soa”, comentó Chamorro mostrando la firma del juez en el documento de transferencia de compra venta y también la firma de este que figura en el sistema del Reniec.
El documento de peritaje indica que en la zona se configura un trazo ligeramente curvo ascendente y extendido, en tanto que en la de cotejo (Reniec), es trazo ascendente menos prolongada.
En las comparaciones gráficas detallan que en la firma cuestionada el trazo final es descendente, y que la de comparación, es de trazo curvo con dirección horizontal hacia la zona inicial.
Otra conclusión del informe de Noa, es que en el examen documentoscopico se visualizó que el documento cuestionado se encuentra en buen estado de conservación y no presenta alteración en su contenido, pero se verificó que la suscripción de los autografos han sido efectuados en dos tintas de color negro; pastozas y diferentes.
“Acá primero firmaron ellos (juez y Castro) y después la fueron a buscar a la Sra. Susana para que firme el documento”, refiere.
A lo que interviene el líder del partido Humanista en la región, Milton Reynoso:
“En criollo, la han perseguido a morir hasta que firme el documento, tuvo que intervenir el esposo para que firme para ayudarlo al ‘Nabo’. Y eso está una grabación, en un audio en la que se escucha a la señora”.
Chamorro aseguró que esa transferencia recién se firmó el 2016 al considerar que si es del 2008 el documento debería estar desgastado, un poco amarillo, y hasta las firmas.
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| Contraste de firmas. Foto: Correo |
COPIA
Otra observación hecha por Chamorro y Reynoso es que la copia certificada de dicha transferencia está firmada por la juez del Juzgado de Paz del Pueblo Joven Vigil, Hedy Leomilda Nina Escobar en abril del 2016.
“Pero el 30 de noviembre del 2015 ella dejó de ser juez de paz, y sin embargo, el 2016 firma y certifica el contrato en abril del 2016, cuando ya no era juez de paz, entonces esto no tiene validez”, recriminó.
Añadió que esa copia certificada la presentaron al JNE para que Castro Bravo no sea excluído de la contienda electoral ya que la unidad vehicular no fue consignada como su propiedad en su declaración jurada de hoja de vida presentada al JNE pese a que en el registro vehicular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) figuraba como de su propiedad.
En ese época, en abril del 2016, el ahora congresista presentó como descargo una declaración jurada sin adjuntar documento alguno que acredite la transferencia.
Sin embargo, a un día de las elecciones, el JNE resolvió declarar nula la resolución que lo excluía de la contienda y lo habilitó para postular al Congreso.
“Quiere decir que aquí hubo un fraude electoral, y que él hoy no debería ser congresista”, enfatizó.
FISCALÍA
Esta documentación fue presentada por Chamorro ante el Quinto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa como su defensa en la investigación preparatoria que se sigue contra él por la denuncia calumniosa que le interpuso el legislador.
“A mí denunció por calumnia, que yo mentí al decir que él no hizo una transferencia legal, a raíz de eso investigué, busqué a la Sra. Susana, a quien la tengo grabada en un audio contándome que la corretearon para que firme el documento, eso lo voy a presentar si la señora se retracta”, advirtió.
En el documento presentado, el dirigente pide que se practique una pericia grafotécnica sobre el documento denominado transferencia de compra vehicular, cuya original obra en el archivo del Juzgado de Paz de CP Vigil.
Fuente: Correo
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