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sábado, 29 de abril de 2017

Proyecto de Ley Fujimorista Busca Excluir a MINERÍA ILEGAL del Delito de Crimen Organizado


La congresista de Fuerza Popular (FP) Alejandra Aramayo presentó el proyecto de ley 1095, que busca excluir el delito de minería ilegal del marco de la ley de crimen organizado. Plantea modificaciones a la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley 30077) y al artículo 307-A del Código Penal sobre delitos ambientales.

El proyecto lleva también las firmas de los congresistas Lucio Ávila, Luis Galarreta, Guillermo Martorell, Yesenia Ponce, Gilmer Trujillo y Juan Carlos Yuyes, todos de Fuerza Popular. La iniciativa fue admitida en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso el 28 de marzo.



De acuerdo a la exposición de motivos, la iniciativa considera que los delitos de minería ilegal deben ser excluidos de la ley de crimen organizado, debido a que a su criterio el endurecimiento de sanciones penales no resolverá el problema de la formalización minera.

“Pretender resolver el problema endureciendo el régimen sancionatorio penitenciario, tratando como cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales a mineros ilegales, a los que el Estado no les ha facilitado el proceso de formalización de manera adecuada, […] no es la solución a una problemática que el Estado no ha sabido resolver”, sostiene el PL.

En otro momento, cuestionan los cambios planteados por los decretos legislativos N°1244 y N°1351 (aprobados por este gobierno en el marco de las facultades legislativas cedidas al Ejecutivo) y que incluyó los delitos de minería ilegal en la Ley de Crimen Organizado, para ser investigados por las fiscalías especializadas.



Cuestionan el proyecto

El ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dijo que el proyecto de ley presentado comete una confusión al mezclar el proceso de formalización –para mineros informales no ilegales– con la lucha contra el crimen organizado dentro de la minería ilegal.

“La congresista [Alejandra Aramayo] tiene una gran confusión legislativa. Este proyecto excluiría del todo un delito tan grave que, bajo todas las circunstancias, debe investigarse como crimen organizado”, dijo Pulgar-Vidal a este Diario.

¿Cocinando y repartiendo impunidad?

El director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, también criticó la propuesta. “Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. La minería ilegal califica como crimen organizado; atañe mafias, sicarios, corrupción de funcionarios y hasta formas de esclavitud”, dijo.

El delito de minería ilegal fue incluido como forma de crimen organizado por el Decreto Legislativo 1244, de octubre del 2016. En su momento, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, explicó que dicha medida permite la participación de agentes encubiertos y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, entre otros mecanismos.

“Es la única manera de poder enfrentar problemas de crimen organizado, y la minería ilegal lo es”, dijo Pérez Tello.

Este Diario intentó en varias ocasiones comunicarse con la congresista Alejandra Aramayo, pero no fue posible.


LEYES MÁS DURAS

Con el Decreto Legislativo 1244 (octubre del 2016) se endurecen las penas para los delitos de crimen organizado. La norma establece que quien integre una banda criminal podrá recibir una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años. Los jefes o financistas de la organización recibirán de 15 a 20 años de prisión.

La minería ilegal en el Perú generó US$ 2,6 millones en el 2016, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.


Fuente: ElComercio

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