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miércoles, 26 de abril de 2017

Luis Giampietri y su Participación en la MATANZA del Frontón


“Yo no he destruido el país. Ayude a salvar este país. Creo que es un tema injusto, en una enorme ingratitud por parte de la sociedad peruana que no nos defiende como debería defendernos a quienes hicimos el esfuerzo por tener lo que tenemos ahora y no tenga un coche bomba parado en la esquina para que explote”, dijo Giampietri luego de enterarse que el TC reabrió el caso “El Frontón”.

Queda claro que el que fuera jefe de las Fuerzas Especiales de la Marina durante el motín ocurrido en el centro penitenciario en 1986 tiene miedo de rendir cuentas ante la justicia peruana. ¿Pero por qué Giampietri tiene temor a ser juzgado? Aquí la historia.




LUIS GIAMPIETRI Y LA MATANZA DE EL FRONTÓN
Por: Carlos Rivera Paz. (15/09/2006)

Como se recordará, el 18 y 19 de junio de 1986 se produjo el amotinamiento de los internos por terrorismo, del pabellón Azul del establecimiento penal San Juan Bautista (El Frontón). Lo mismo ocurría en otros dos penales de la ciudad. El develamiento fue encargado a las Fuerzas Armadas. En el caso del Establecimiento Penitenciario de El Frontón, el encargo recayó en la Marina de Guerra. En el Frontón el amotinamiento tuvo un trágico desenlace: aproximadamente 118 internos fueron ejecutados extrajudicialmente utilizando diversos métodos (fusilamiento, acuchillamiento, aplastamiento). Entre ellos, Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, a cuyos familiares el IDL patrocina desde 1986.

En el primer gobierno de García, el caso fue investigado por la justicia militar, la que -claro está- absolvió a todos “por falta de pruebas”. Sólo fue posible que el Ministerio Público iniciara una investigación como consecuencia de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2000 (caso Durand y Ugarte).

En el curso de las investigaciones del Ministerio Público se logró obtener múltiples y consistentes evidencias que demostraron que los efectivos militares de la Marina, encargados del develamiento del motín en El Frontón, ejecutaron un plan dirigido a la eliminación física de todos los internos del pabellón azul. Muchos años después de producidos los hechos, recién se pudo conocer que el Jefe de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) que había iniciado las operaciones militares, era el entonces Capitán de Navío Luís Giampietri Rojas. En tal condición comandó tales operaciones desde la tarde del día 18 hasta la mañana del día 19 de junio de 1986.




Luego de que el Ministerio Público formulara denuncia penal, en enero de 2005, el Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima abrió proceso penal contra 11 efectivos de la Marina a quienes imputó la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Nolberto Durand Ugarte, Gabriel Ugarte Rivera y varias decenas de víctimas.

En este proceso judicial, en el que Giampietri Rojas -gracias al fiscal Mario Gonzáles- solo tiene la condición de testigo, ha declarado ante el juzgado que él “...dependía del comandante de la Segunda Zona Naval (Víctor Ramírez Isola) quien dispuso la ejecución del Plan APEFLON...” Ni Giampietri ni la Marina han esclarecido el real contenido y objetivos de dicho plan.

Además, ha señalado que sus jefes le ordenaron “...que apoyara los requerimientos que le hiciera el señor Mantilla ...”, y luego declara que “... Mantilla le solicitó que abriera un forado en la pared perimétrica del mur ...”. A ello agrega que “...pusieron la carga explosiva de C-4, ahí se abrió el forado, el hueco era pequeño y por eso hicieron 4 ó 5 explosiones más y en una de estas explosiones se derrumbó...”.

El Informe suscrito por el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 07/CCFFAA/PE, del 30 de junio de 1986, señala muy claramente que luego de retiradas las autoridades judiciales “...a las 17:14 horas el Jefe de Grupo de FOES a requerimiento del Sr. Vice Ministro del Interior Dr. AGUSTIN MANTILLA, inició las acciones de demolición...”.

Cabe recodar que la primera parte del operativo de demolición a la que hace referencia el Informe del Comando Conjunto, se ejecutó cuando todos los internos se encontraban dentro del pabellón.

Durante las investigaciones preliminares, tanto Giampietri como otros marinos insistieron en declarar que utilizaron el poderoso explosivo C-4 porque la estructura del pabellón azul estaba fortificada, pero el Informe Técnico de los peritos ingenieros que, a pedido de la Comisión Ames del Congreso de la República, inspeccionaron meses después el lugar de los hechos emite conclusiones reveladoras. Este Informe señala que “la apertura de boquetes [...] era totalmente factible con disparos desde fuera por medio de bazookas, fusil lanzagranadas, etc, puesto que como ya describiéramos [...] los muros eran de ladrillo Parvadomus que no es maciso...” Además, el Informe Técnico concluye que las columnas del Pabellón Azul fueron “fracturadas con explosivos detonantes y rompedores” los cuales causaron la demolición de la estructura.

Por su parte la pericia de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, luego de analizar los restos óseos de Nolberto Durand Ugarte, señala como causa de su muerte las múltiples fracturas generadas como consecuencia de un aplastamiento.

Esto no es otra cosa que la evidencia que el entonces Capitán de Navío, y hoy presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, Luis Giampietri, fue en un primer momento, en su condición de Jefe de la FOES, el responsable material de la ejecución del plan de eliminación física de los internos de El Frontón, acción que desarrolló a través de la demolición del pabellón azul.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera reiterada que en este caso el Estado peruano tiene la obligación de investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables. Eso significa que ahora le corresponde a la justicia cumplir con ese mandato.


Entrevista sobre el caso de la matanza del Frontón (10/07/2003)



Cesar Hildebrand: LA MASACRE DEL FRONTÓN



Reabren juicio por caso “El Frontón” (05/03/2017)

Cuatro magistrados determinan que matanza de El Frontón fue un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, no prescribe. En 2013, sentencia había dicho lo contrario

Una sentencia dictada el 14 de junio de 2013 por el Tribunal Constitucional (TC) había determinado que no hubo crímenes de lesa humanidad en la matanza ocurrida en el desaparecido penal El Frontón, en julio de 1986, durante el mandato de Alan García.




De acuerdo a la resolución, no existían indicios que probaran una gestión premeditada de la gestión de García Pérez para acabar con la vida de los internos que se amotinaron. Asimismo, el TC afirmaba que “tampoco puede ser entendido como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, punto fundamental para calificar lo ocurrido como crimen de lesa humanidad”.

Sin embargo, este viernes 3 de marzo, el TC emitió una resolución en la que subsana esta sentencia de 2013 y en el que cuatro magistrados determinan que el caso sí fue un delito de lesa humanidad y, que por lo tanto, no prescribe.

Esto se dio en respuesta a una solicitud de la Procuraduría Pública Supranacional para que se “subsane el oficio del dictamen ya que contenía errores materiales” relaciones al voto de los jueces.

La sentencia señala que uno de los magistrados -de los cuatro que votaron a favor de que lo sucedido en El Frontón no fue lesa humanidad- se contradijo. Por ello, se alegó que su votación debe ser nula y que, en consecuencia, se determine que no se contó con los votos necesarios sobre el mencionado caso.

Según refiere Perú 21, el exmagistrado Fernando Calle indicó que con esta medida se reabre el caso y que el juez incluso puede incluir nuevos investigados en el caso de los 133 internos que murieron, en 1986, durante un motín en el Pabellón Azul de El Frontón.

Cabe determinar que por este caso, a 33 miembros de las Fuerzas Armadas se les imputa la muerte de los internos. Antes de esta subsanación, la justicia le quitaba la calificación de crimen de lesa humanidad a este hecho. Ello significaba que los delitos prescribían después de 20 años. Ahora la figura cambia.


Con Datos: Eldiariointernacional.com/LaRepública

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