Paquetazo Ambiental Desataría Conflictos Sociales

Hola a todos y todas. Les recomiendo este post. Nilva Hiruelas del Observatorio de Conflictos Mineros escribe y advierte sobre la escalada de conflictos sociales que se desatarían en nuestro país tras el "Paquetazo Ambiental".

La aprobación del Paquete Económico Ambiental por el Gobierno el pasado 18 de junio, que desató la alerta roja en materia de protección ambiental y derechos de los pueblos indígenas, parece que no ha sido suficiente para el Ejecutivo para conseguir que se “agilicen las inversiones públicas del país”, porque el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ya adelantó que se lanzará un nueve paquete de medidas. En este frenesí de promulgación de reformas, que tuvo como telón de fondo el escenario del Mundial de fútbol, desde el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú se alerta del incremento de los estallidos sociales que se desatarán con la puesta en marcha de las normas aprobadas.

José de Echave, director de esta organización, afirma que este paquete ambiental “recuerda a los decretos legislativos que desencadenaron el Baguazo”. Además, el experto añade que “el paquete apunta a debilitar, casi al nivel de lo absurdo, regulaciones ambientales y toda la institucionalidad que se había intentado construir con mucho esfuerzo, precisamente como respuesta a la creciente conflictividad social que el país ha vivido en los últimos años”. Pablo Sánchez, director de Grufides, también coincide en este punto y denuncia el secretismo con el que se han llevado a cabo las negociaciones del convenio minero  entre Alemania y Perú para que esteabastezca a la industria germana de minerales.

Este proyecto de ley establece un conjunto de medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, debilita las funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función principal, que es la de sancionar por un lapso de tres años. Asimismo, el MINAM ya no podrá crear áreas naturales protegidas, tampoco fijará los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles.

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros sustentan que este paquete es una  respuesta a las presiones de los círculos empresariales que desataron una fuerte campaña desde el año pasado señalando que la economía del país se está desacelerando, incluida la minería. Sin embargo, José de Echave considera que no se puede ser tan categórico en el caso de este sector, pues la evolución del PBI minero metálico podrá seguir siendo positiva en los próximos años, sustentada sobre todo en el salto productivo del cobre, que prácticamente se duplicaría hasta el 2016. Asimismo, las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que las inversiones en minería se incrementaron un 18% entre el año 2011 y 2012, superando en 2013 los US$ 9700 millones.

Otra de las particularidades que marcan este momento en el sector es la reducción del número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido. “No es la primera vez que se produce una caída en el número de conflictos, por ejemplo, entre julio de 2009 y junio de 2011 también hubo un descenso. De Echave señala que las bases objetivas que explicaban el aumento de conflictos vinculados a las actividades mineras no han cambiado. Puntualiza, además, que el calendario electoral tiene una influencia notable en este nuevo panorama, pues “lograr alcaldes funcionales a sus intereses es un objetivo central para las empresas mineras”.

Los conflictos se desplazan hacia el sur andino

Ahora bien, la balanza ha girado hacia el sur andino: Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país, la gran mayoría vinculados a la minería; siendo además la macrorregión sur la que concentra el 53% de inversiones en este rubro del país. De entre ellas, Apurímac encabeza la lista de regiones con mayor número de conflictos socioambientales (64% del total) y con un 68% de su territorio concesionado a la minería. Entre las principales causas de conflictos destacan temas vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal. Algunos hechos quesin duda marcarán la agenda en esta región en los próximos años son: en primer lugar, la concreción de la venta del proyecto Las Bambas a la empresa china Minmetales por US$ 5850 millones, y en segundo lugar, el anuncio de una nueva modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas.

La macrorregión centro-que comprende las regiones de Junín y Pasco- muestra el renacer de un dinamismo productivo en minería con problemas ambientales que se arrastran. En La Oroya, durante los cuatro primeros meses de2014, la cantidad de dióxido de azufre registrada en la Estación Sindicato (en La Oroya Antigua) confirma que el promedio mensual sobrepasa los estándares de calidad ambiental. La reciente noticia de que DoeRun paraliza una parte de sus operaciones por la falta de acuerdos comerciales con proveedores no hace más que poner de manifiesto los problemas financieros y laborales de esta corporación, que están llegando a un punto crítico.

Finalmente,  en la macrorregión norte, Cajamarca, Piura y ahora también Amazonas y Lambayeque son casos representativos de varios ejes centrales de la conflictividad social vinculada a la minería en los últimos años. De entre ellas, Cajamarca-con el 40.2% de su territorio concesionado a la industria minera- mantiene una participación estelar en la cartera de inversiones mineras ocupando el tercer lugar en el ranking. Además registra un gran número de conflictos, el 92% de ellos por causas socioambientales, mayoritariamente relacionados con la actividad minera. Sin duda, el conflicto más importante sigue siendo el del proyecto Minas Conga. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las medidas cautelares sobre el caso Conga solicitadas por varias organizaciones. Este organismo exige al Estado peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de líderes y lideresas cuya vida e integridad personal están amenazadas y en riesgo. Además, la detención del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos -candidato a la reelección-, ha causado sorpresa y conmoción, y se especula que es una suerte de “sanción” por oponerse al proyecto Conga.

Por ahora es todo. Soy el Dr. Azul en Tarata 21...