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jueves, 19 de junio de 2014

Pleno Confirma Sanción: ¡Gagó y Uribe a su Casa por 120 Días!


El Pleno del Congreso votó y aprobó la suspensión por 120 días sin goce de haber en contra del legislador fujimorista, Julio Gagó Pérez, y de la parlamentaria nacionalista, Cenaida Uribe, por los casos Copy Depot y Punto Visual, respectivamente.

La discusión de ambos casos debió haber sido un mero trámite. Sin embargo, en el caso de la nacionalista Uribe, hubo un injustificado intento por reducirle la sanción de 120 a 60 días. En el caso de Gagó Pérez, el informe de la Comisión de Ética será derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no a la Fiscalía de la Nación por lo que podría ser desaforado.

Ayer a las 11:15 de la mañana, mientras la mayoría de personas estaba atenta a los partidos del mundial, el presidente del Congreso Fredy Otárola decidió poner en la cancha los dos informes de la Comisión de Ética. Empecemos por el del fujimorista Gagó Pérez.


LAS PRUEBAS

El presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, sustentó su informe y, entre otras cosas, afirmó ante el Pleno que el legislador fujimorista tenía una injerencia directa en Copy Depot —una empresa fachada— y a través de ella continuó vendiéndole millones de soles al Estado.

Según Lay, existen nueve audios, una serie de correos electrónicos, y la declaración de varios de los extrabajadores de Maquinarias Jaamsa que confirman que el fujimorista en la práctica manejaba la empresa Copy Depot S.A.

“La empresa Jaamsa (de la cual él y sus hermanos son accionistas) continuó vendiéndole al Estado peruano, estrategia que consistió en valerse de la empresa Copy Depot, sobre la cual ejercía dominio y dirección, y por ser una empresa en la que no figuran como accionistas él ni sus hermanos”, manifestó.

Asimismo, Lay lamentó que luego de que se hicieran públicas varias denuncias periodísticas, el congresista fujimorista haya insistido en su inocencia y, además, “quiso desacreditar a los denunciantes” amenazándolos con acciones legales.

Por último, el presidente de la Comisión de Ética citó dos partes de uno de los audios para graficar el hecho de que Gagó Pérez, cuando hablaba de Copy Depot, siempre lo hacía como si se tratara de su empresa.

- Julio Gagó Pérez: “Copy Depot tiene un montón de facturación que me ha costado un montón de plata. No hay problema, por eso es que venimos ganando las licitaciones con Copy Depot”.

- JGP: “Es importante que cada uno (se dirige a sus trabajadores) tenga primero dos blocks. El block de Jaamsa y el de Copy Depot, así como dos tarjetas”.


ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Luego, el legislador pepecista Javier Bedoya hizo una precisión que modificó una de las conclusiones del informe de la Comisión de Ética. El parlamentario señaló que si hay indicios de delito el caso no debe ir a la Fiscalía de la Nación como se lee en el documento final, sino a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“En la tercera de las conclusiones se recomienda remitir copia a la fiscalía. Craso error. La fiscalía en esta etapa no es competente. Cuando la falta sancionada a juicio de la comisión presenta indicios de un delito, el caso será puesto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, explicó Bedoya.

El congresista de la bancada de Acción Popular–Frente Amplio, Manuel Dammert, agregó que “hay indicios de delito. Ese es el punto más importante. Toda la información dada, audios, y analizada indica que hay indicios de delito. Aquí es clarísimo el tema delictivo y lo está confirmando el informe de la comisión”.

En ese momento, el fujimorista Héctor Becerril intervino en el Pleno para “recordar a todos los voceros de diferentes partidos. Había un acuerdo previo a las votaciones, que estas se den sin debate”. Obviamente quería que el caso de Gagó Pérez no vaya a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Finalmente, Lay cambió la tercera conclusión y el caso fue llevado a votación. Estuvieron presentes 92 congresistas, de los cuales 72 votaron a favor de la sanción, uno en contra (fujimorista José Elías), y 29 se abstuvieron. Entre estos últimos figuraron fujimoristas y pepecistas.


RUMBO AL DESAFUERO

De esa manera, después de varias denuncias periodísticas realizadas desde que Gagó Pérez ingresó al Congreso en julio de 2011, al fin el fujimorista fue sancionado y, además, podría ser desaforado si el caso procede en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Cabe señalar que el congresista fujimorista no estuvo presente en el Pleno y presentó un documento que señalaba que no iba a tomar la palabra durante el debate de su caso. Asimismo, se supo que la bancada de Fuerza Popular iba a votar a favor de la sanción, pero con el cambio de la última conclusión del informe de Ética decidieron abstenerse.

Posteriormente, Gagó Pérez realizó una conferencia de prensa en el Congreso donde, entre otros temas, afirmó que su suspensión es “ilegal” y viola la Constitución. Amenazó con ir a fueros internacionales.


INTENTO FALLIDO

Durante el debate del caso de la nacionalista Cenaida Uribe, su colega de bancada, Martín Rivas, pidió la palabra y planteó una insólita cuestión previa: reducir la suspensión de 120 a 60 días, al argumentar que se tome en cuenta la gradualidad de la sanción. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el Pleno.

El presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, señaló que la versión dada por Uribe no es creíble ya que nunca explicó ante su grupo de trabajo por qué en un primer momento negó la visita al colegio Alfonso Ugarte.

Sobre Uribe, Lay precisó que “no logró explicar lo irrazonable de hacer una visita de fiscalización sin asesores, sin solicitar documentos y a puerta cerrada. Tampoco visitó las instalaciones del colegio”.

De igual manera, señaló que Uribe tuvo viajes simultáneos al extranjero con el gerente de Punto Visual, Alberto de Azambuja, y que nunca quiso aclarar si tenía o no una relación sentimental con esa persona.

Lay también sostuvo que Uribe habría presionado al exdirector del colegio Alfonso Ugarte para favorecer económicamente a la empresa Punto Visual, con el tema del precio a la hora de poner carteles publicitarios en la institución educativa.

Al final, el Pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días a Uribe con 60 votos a favor, 21 en contra y 20 abstenciones. La mayoría de nacionalistas estuvo en desacuerdo con la sanción y se abstuvieron varios pepecistas.


EL DATO

El caso del congresista Alejandro Yovera, a quien la Comisión de Ética también ha recomendado que lo sancionen por 120 días, no fue llevado a votación ayer.

(Diario 16)

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